A pesar de las diversas pruebas, más de un mes después de los asesinatos en las marchas de noviembre del 2020, las familias de los jóvenes muertos no encuentran ni una señal de justicia. Lo mismo ocurre con los asesinatos de diciembre pasado durante la protesta por derechos laborales de los trabajadores del campo.

Como ha advertido anteriormente las organizaciones defensoras de los derechos humanos, más de 159 personas han sido asesinadas en el contexto de protestas sociales y no hay ningún policía sancionado por estos hechos, según cifras del periodo 2002-2020.

Con este temor basado en evidencia, los heridos y los familiares de las víctimas mortales de la represión policial de las protestas de noviembre del 2020 (#14N) se están movilizando en las calles del Centro de Lima para exigir justicia y que no continúe la impunidad policial.

El punto de concentración es la Plaza San Martín, donde estarán desde las 16:00 horas. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) ha compartido recomendaciones a tomar en cuenta durante esta marcha.

La impunidad policial no solo es un peligro en el caso de los asesinatos de los jóvenes Inti Sotelo (24) y Jack Bryan Pintado (22) fallecidos en Lima en noviembre del 2020. Esto también constituye un riesgo en los casos de los asesinatos de Jorge Muñoz Jiménez (20), el adolescente de iniciales KRD (16) y Reynaldo Reyes Ulloa (27), quienes murieron durante las protestas de trabajadores agrarios.

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